Reforma penal

Rogamos que se lleven a cabo las reformas necesarias en las leyes penales para garantizar que no sea la víctima quien salga perjudicada frente a los beneficios que pueda obtener el agresor. Por ello, solicitamos que, en los delitos de asesinato, violación y pederastia, se cumpla, al menos, entre nueve y diez partes de la condena impuesta por el juez dentro del recinto penitenciario, sin que sea posible acceder al tercer grado hasta cumplir ese periodo mínimo de condena. Esto no solo protegería a la víctima y a la sociedad, sino que también enviaría un mensaje claro de que estos delitos no serán tolerados ni minimizados.

Actualmente, parece que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal tienden a criminalizar a la víctima, basándose en artículos y criterios interpretativos heredados de los siglos XIX y XX. Esta situación genera una desigualdad flagrante en la protección de quienes sufren violencia, especialmente las mujeres, quienes siguen siendo consideradas, en la práctica, víctimas de segunda clase. Es imperativo que la mujer que sufre maltrato, agresión sexual o es asesinada sea reconocida como víctima de primera clase, con todos los derechos y garantías que ello implica.

El asesinato en el ámbito de la violencia de género debe penalizarse con la misma severidad que los asesinatos por terrorismo, reflejando la gravedad del daño cometido y la necesidad de proteger a la sociedad. Por otra parte, la reinserción de los maltratadores en la sociedad debe realizarse únicamente con todas las garantías posibles, asegurando que se cumplan los principios del Artículo 25.2 de nuestra Constitución, que establece la reeducación y reinserción de los delincuentes. Hoy por hoy, el Estado español carece de los medios económicos y humanos suficientes para garantizar este proceso de manera efectiva, lo que agrava la sensación de impunidad y vulnerabilidad de las víctimas.

En definitiva, pedimos que las reformas no solo fortalezcan la condena y la ejecución de la pena, sino que sitúen a la víctima en el centro del sistema de justicia, garantizando su protección, dignidad y derechos. La justicia debe actuar con firmeza contra el agresor y garantizar que la sociedad entera sea consciente de que la violencia de género es un delito grave, intolerable y absolutamente condenable.